por Marta Lamas, Directora Ejecutiva, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
La ganadería y las botas vaqueras no son los únicos intereses que unen a George Bush, Jr. y su contraparte del sur, el presidente mexicano Vicente Fox Quesada. Su similar pensamiento, opuesto a la educación sexual y la planificación familiar, está enraizado en su desconfianza respecto de la capacidad de las mujeres de adoptar decisiones juiciosas sobre su salud reproductiva. Ambos mandatarios han hecho declaraciones personales y adoptado cambios políticos que privan a las mujeres del derecho a controlar sus propios cuerpos.
Desde que en el año 2000 el Partido de Acción Nacional, PAN, llegó al poder, las organizaciones mexicanas a favor de la libre opción están preocupadas. En un discurso que Fox pronunció durante la Sesión Especial de Naciones Unidas sobre la Infancia, en mayo de 2002, casualmente hizo referencia al "derecho a la vida desde el momento de la concepción." Este significativo comentario no pasó inadvertido para quienes trabajamos en la defensa de los derechos reproductivos en México. Fox es un católico ferviente, conocido por su postura anti-aborto y pro-vida.
En respuesta a estas tendencias, GIRE y un grupo de otras cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) y varias agencias de financiamento, incluyendo el Fondo Global para Mujeres, se reunieron en el año 2000 con el objetivo de apoyar una nueva iniciativa para construir movilización desde las bases, lograr apoyo legislativo y mejorar la disponibilidad de servicios –incluyendo el aborto seguro y legal– para que las personas puedan adoptar sus decisiones reproductivas. El concepto que fundamenta esta alianza favorable al derecho a decidir, es ampliar la base que apoya activamente los derechos de las mujeres, logrando el compromiso de prominentes profesionales que trabajan en tres áreas claves –salud, educación y legislación– para impulsar una campaña en defensa de los derechos reproductivos, incluyendo el derecho al aborto.
Esta alianza fue anunciada en una conferencia de prensa en noviembre del 2002, y sus representantes en esa ocasión incluyeron a un ex-Subsecretario de Educación, un destacado abogado que encabeza la Academia de Ciencias Penales en México, y un renombrado médico y escritor. A la fecha, el grupo ha lanzado un sitio en Internet, ha publicado un paquete informativo y desarrollado talleres y conferencias de prensa a nivel nacional.
La importancia de recibir apoyo público para la campaña desde la clase profesional no puede ser subestimada en México, donde incluso los derechos ya existentes pueden ser violados por la ignorancia y prejuicios que prevalecen entre funcionarios públicos, quienes supuestamente deben garantizar esos derechos. Este aspecto fue recalcado en el muy publicitado caso de "Paulina", menor de Baja California que en 1999 fue violada y resultó embarazada, pero cuyo derecho a un aborto legal le fue denegado por las autoridades locales.
Esta alianza pro libre elección argumenta a favor de los derechos reproductivos desde una perspectiva de derechos humanos, los que están consagrados en el artículo cuatro de la Constitución Mexicana, que señala: "Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Más aun, estos derechos son replicados en acuerdos internacionales respecto de los cuales México es signatario, como por ejemplo, los aprobados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo.
Obviamente, el aborto es un tópico altamente controversial en una nación católica como México, un país que da espacio a barreras de fanatismo y virulencia predecibles desde la jerarquía católica y las fuerzas conservadoras en general. Por lo tanto, en lugar de querer polarizar aún más este tema, como un tópico respecto del cual se debe estar "a favor" o "en contra", la alianza sostiene que el acceso al aborto es necesario para enfrentar una realidad social y un problema de salud pública en el país, donde se estima que ocurren entre 200,000 y 850,000 abortos ilegales al año. La primera cifra corresponde al Consejo Nacional de Población, organismo oficial, y la segunda al Instituto Nacional de Perinatología.
Un número estimado de 1.000 mujeres muere anualmente como resultado de abortos ilegales y una cifra incalculable queda física y mentalmente marcada por esta penosa experiencia. El aborto constituye la cuarta causa de muerte materna en el país. Del mismo modo, el debate sobre el aborto no puede ser separado de una consideración de justicia social, tomando en cuenta que las mujeres de clase alta y media pueden costearse abortos seguros, ya sea en el país o en el extranjero, en tanto que sus hermanas pobres corren un gran riesgo de tener abortos inseguros y en malas condiciones higiénicas.
A pesar de los esfuerzos de las fuerzas conservadoras para atacar el derecho al aborto en México, las feministas han logrado avances significativos en los años recientes. El año 2000, la llamada "Ley Robles" legalizó el aborto en la Ciudad de México en los casos de ciertas anormalidades fetales. También estableció un Código Penal en la capital mexicana que por primera vez permite a los fiscales públicos autorizar abortos en los casos de violación. Una petición de las fuerzas conservadoras para que la Ley Robles fuera invalidada por la Corte Suprema, fue firmemente derrotada al sostener dicho tribunal que el aborto no es anti-constitucional.
No hay lugar para la complacencia en un ambiente donde el gobierno aleja su mirada de la educación sexual y de la planificación familiar. Exhortamos a los presidentes de México y de Estados Unidos a que depongan sus hierros de marcar y hagan realidad su retórica sobre el "conservadurismo compasivo" y los derechos humanos, emprendiendo acciones que protejan la salud y bienestar de las mujeres. 
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Foto © Olga Talamante