por Frances Kissling, Presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir (Catholics for a Free Choice), co-fundadora del Fondo Global para Mujeres
"Para algunas mujeres, las decisiones reproductivas significan el acceso a la anticoncepción y al aborto para prevenir nacimientos indeseados, una opción inaccesible o insegura en muchas partes del mundo. Para otras, elegir significa la oportunidad de tener hij@s, posibilidad que es negada a millones de mujeres por medio de esterilizaciones forzadas, por políticas de control de población, y por determinaciones estatales sobre el tamaño de las familias."
— Estelle Freedman, autora de No Turning Back (No hay vuelta atrás)
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo, en 1994, bien podría haber sido una conferencia sobre los derechos de las mujeres. Porque demostró un asombroso vuelco en la forma en que la mayoría de los gobiernos abordaba la cuestión de población. Con una sustancial participación de defensoras de la salud de las mujeres, muchas apoyadas por el Fondo Global para Mujeres, la Fundación Ford y la Fundación MacArthur, el paradigma que entonces prevalecía sufrió una transformación. De políticas demográficas que en el siglo 20 se caracterizaban por la idea de que había "demasiada gente", avanzamos colectivamente hacia un abordaje centrado en los derechos humanos, abordaje que permitía a las mujeres tomar sus propias decisiones apoyadas por una amplia gama de servicios de salud reproductiva, por educación y empleo.
No debería constituir sorpresa para quienes estudian los fundamentalismos religiosos y políticos, el hecho de que los únicos oponentes a este programa que rompió esquemas, surgieran de la Santa Sede (la delegación del Vaticano ante Naciones Unidas), y de países donde los extremismos religiosos y los regímenes conservadores dominaban la vida política, por ejemplo, Afganistán
Hoy, a escasos 10 años de El Cairo, ha emergido una nueva coalición que se opone a la salud reproductiva. Los esfuerzos de la administración Bush para debilitar los logros de las mujeres en salud reproductiva, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, fueron apodados por el New York Times como una guerra contra las mujeres. Bajo esta administración, la política internacional de Estados Unidos sobre planificación familiar ha significado el recorte del financiamiento a la agencia de planificación familiar de Naciones Unidas, iniciando además la regla de obstrucción global que prohíbe a quienes reciben fondos de ese país para planificación familiar, otorgar consejería a las mujeres acerca del aborto o involucrarse en discursos políticos sobre el aborto, incluso cuando utilizan sus propios fondos. En varias conferencias de Naciones Unidas sobre el SIDA, Estados Unidos se ha aliado con regímenes represivos tales como Irán e Irak, al igual que con el Vaticano, para oponerse a la educación sobre uso del condón y a la entrega del mismo como medio de prevención de la transmisión del VIH/SIDA, precisamente cuando cada vez más el rostro del SIDA es el rostro de las mujeres que con frecuencia son incapaces de negarse al sexo peligroso.
Asimismo, en Estados Unidos el derecho a la atención de la salud reproductiva está más amenazado que nunca antes. El financiamiento gubernamental tanto para planificación familiar como para abortos se limita crecientemente; la educación sexual excluye la información para prevención de embarazos. Incluso la libertad de expresión ha sido coartada: a los sitios de Internet del gobierno se les ha ordenado retirar la información relativa a la efectividad de los condones para prevenir la transmisión del VIH/SIDA, al igual que los datos científicos que demuestran que las píldoras anticonceptivas no causan cáncer de mama. Después de 30 años de que el derecho al aborto ha estado protegido constitucionalmente, la administración Bush está presta y ansiosa de designar a jueces en la Corte Suprema que abolirán ese derecho.
La única luz en este panorama oscura es el compromiso permanente de las organizaciones de mujeres para extender el goce de la salud y los derechos reproductivos. En los últimos años, la Ciudad de México ha ampliado el acceso al aborto legal porque grupos como Católicas por el Derecho a Decidir y Equidad de Género, contrapartes del Fondo Global para Mujeres, han desarrollado una sofisticada política educativa y campañas de sensiblización pública. En Nepal, donde muchas mujeres estaban encarceladas por haberse practicado abortos, el gobierno dio un vuelco en 180 grados y legalizó el aborto, al igual que lo hizo Suiza. Y las mujeres en Sudáfrica lucharon y ganaron el derecho al aborto establecido en su nueva Constitución.
La guerra contra las mujeres del mundo es tan implacable y mortal como todas las otras guerras. Cada año más de 600.000 mujeres mueren durante el embarazo y parto, o a causa de abortos inseguros. Nadie está más comprometido con la protección de la vida de las mujeres y con la defensa de sus derechos humanos que las mujeres mismas. Nuestro permanente apoyo a sus esfuerzos es vital. 
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), o Catholics for a Free Choice, trabaja a partir de la tradición católica de justicia social con el fin de promover la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. El Fondo Global está comprometido en apoyar el liderazgo de CDD. Hemos entregado 19 donativos por un total de US$204.540 a siete grupos de CDD a través de América Latina.
Visite www.cath4choice.org para mayor información